La CDH volverá a su estatus de ventanilla de trámite de quejas y de ombusman, tendremos, otra vez, un guardaespaldas del gobernador, dijeron Organizaciones No gubernamentales de la ciudad de Puebla y del interior del estado.

Calificaron de viciado de origen el proceso y anunciaron que impugnarán el resultado declarando un interinato, independientemente de la votación para uno de los 14 aspirantes que se espera para este jueves en el Congreso del Estado.

Y es que 14 nombres de los 18 inscritos  serán presentados en una boleta por orden alfabético, en la que cada diputado deberá emitir su voto.

Serán necesarios 28 votos para seleccionar al nuevo ombudsman, por lo que además de un difícil acuerdo de 26 panistas, se requiere el voto de dos legisladores más de oposición para ésta irregular convocatoria que provocó las suspicacias no sólo de la sociedad civil y los grupos organizados, sino de los legisladores panistas Eduardo Rivera Pérez y Enrique Guevara Montiel, que además de criticar la inexplicable presteza de la convocatoria, se abstuvieron de votar a favor de la lista presentada en sesión de la Gran Comisión.

Los legisladores dijeron que contaron con poco tiempo para revisar el currículum de los 18 aspirantes, pues unas horas antes de la reunión recibieron los expedientes de los recomendados, "tampoco se revisó la experiencia de los contendientes para ocupar el cargo y ello representa que no se elija a la mejor persona", señaló el representante del Panal, Gustavo Espinosa Vázquez, quien se unió a la abstención.

Para el Centro de Derechos Humanos "Joel Arriaga Navarro", la Red Democracia y Sexualidad, La Red de Defensa de los Derechos Humanos, lo sucedido representa una segunda imposición, un exceso de poder y un acto de ilegalidad desde el mismo gobierno, "básicamente es la falta de independencia e imparcialidad de cualquiera de los inscritos a los que puede identificarse con un grupo político específico."

"Hacemos un exhorto al Congreso del Estado para que nombre a un Presidente de la CDH interino, al tiempo que crea las condiciones para una amplia consulta y discusión con el fin de que la ciudadanía opte por quien presidirá la CDH.

"A los candidatos inscritos les hacemos un llamada a su dignidad humana para que tomen la decisión que mejor corresponda de acuerdo con sus principios éticos y morales" dijo Fernando Cuellar presidente del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro.

En rueda de prensa, los representantes de las ONG's nuevamente se pronunciaron en que en Puebla ha sido evidente el papel funesto del presidente de la CDH a lo largo de los tres años; que a pesar de tener en su contra una solicitud de juicio político, se ha mantenido gracias a la impunidad, gracias al cobijo del gobernador Marín.

"La farsa electoral hubiera pasado desapercibida sino fuera porque puede probarse que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se encuentran en funciones desde hace poco más de dos meses, lo cual significa que no existe pretexto para justificar el desconocimiento de las tareas propias del congreso. "No podemos creer que haya preguntado si a ella correspondía emitir la convocatoria", adujeron.

Acusaron que la diputada Carolina O'Farril se dedicó en estos meses a promover la reelección de Cándido Flores, además de que la convocatoria para elegir ombusman fue realizada sin la difusión necesaria y con un breve lapso de tiempo inadecuado para presentar propuestas de candidatos", acusó el presidente de la Red Democracia y Sexualidad, Brahim Zamora.

Israel Sanpedro Morales, director de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, señaló que el punto 1 de la convocatoria es ambiguo, "da pie a crear organizaciones fantasmas, legalmente constituidas, para promover candidatos, que pueden ir desde ex funcionarios públicos que pretenden lavar su imagen y oportunistas que buscan escalar en puestos políticos, hasta personas honestas y consecuentes con la defensa de los derechos humanos.

"La diferencia entre unos y otros, es mantener la impunidad de los delitos del Estado o enfrentar el poder del Estado" aseguró Sanpedro.

Integrantes de los grupos ciudadanos coincidieron en que en la convocatoria se omite la conformación del Consejo Consultivo, mismo que de acuerdo con las autoridades de la CDH, durante estos tres años se ha mantenido incompleto, y que en el colmo de las prácticas, se desconoce públicamente quienes lo integran.

Las cuentas de la dignidad

México tiene el sistema público de derechos humanos más grande del mundo, pero también el más costoso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, en el local, hay 30 comisiones y dos procuradurías estatales.

A nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es la que tiene mayor presupuesto con alrededor de 700 millones de pesos. Le siguen la del estado de México y Jalisco con 50 millones de pesos cada una.

Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz tienen un presupuesto que ronda en los 20 millones de pesos. Sigue Puebla con 18 millones y el resto, está muy por debajo de esa cantidad.

El último informe de la comisión estatal señala que fueron atendidas 12 mil las quejas interpuestas por ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos, y sólo en 68 casos se tradujeron en recomendaciones, si ése fuera el indicador, se diría que por cada recomendación, la ciudadanía pagó alrededor de 264 mil 705 pesos.

Investigadores de Fundar consideran que la independencia de los ombudsman y la autonomía de las instituciones dependen, en buena medida, del presupuesto y de los mecanismos de elección de las personas que encabezan esos órganos, de tal manera que ese cargo no lo debieran ocupar quienes fueran nombrados por los gobernadores, pues son éstos a quienes se les investiga en un momento determinado por violar derechos humanos.

Autonomía

Las legislaciones locales de derechos humanos permite conocer que en nueve estados de la República todavía hay una intervención de los gobernadores para la elección de los presidentes de las comisiones. 

Ese es el caso de Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas, ahora se suma Puebla.

Guerrero es un caso que merece ser destacado porque el cargo de presidente de la comisión estatal es vitalicio y sólo puede ser sustituido por jubilación, lo que ha permitido a su titular, Juan Alarcón Hernández, permanecer en ese puesto durante 16 años. 

Los dos últimos presidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz ejercieron cargos públicos poco o nada compatibles con la defensa de las garantías fundamentales. José Luis Rivera Huesca, designado ombudsman para el periodo 2001-2003, y quien fuera director de la Policía Judicial y Noemí Quirasco Hernández, quien en  2003 fue la presidenta de la comisión estatal y fue secretaria de Gobierno en la administración de Miguel Alemán. 

El informe de FUNDAR hace saber que la mayor parte de los presidentes de la comisión son de filiación priísta y suelen tener un comportamiento parcial que los vuelve cómplices de las violaciones a los derechos humanos. 

Para los investigadores de Fundar, la mejor práctica de elección del ombudsman la tiene Michoacán, la cual "no sólo debería ser de aplicación necesaria sino obligatoria para todo el país". 

En esa entidad, la ley establece de manera explícita —a diferencia de otras comisiones donde se deja a consideración de los diputados— que los aspirantes a presidir la comisión deben comparecer para exponer sus propuestas al Congreso, "con lo cual se dota de mayores elementos de convicción a los legisladores y se fomenta la difusión de debates públicos para transparentar el proceso. 

Los casos acumulados y sin resolver

Ong's  señalaron que a la fecha continúa el abandono de las comunidades indígenas de las sierras norte, mixteca y negra, donde las quejas a las violaciones a las garantías individuales no son atendidas. 

Se suma el caso de brutalidad policíaca registrado hace días, el despido injustificado de Juan Pablo Jiménez y de su pareja de la empresa Findlay por ser gays; el asesinato de un empresario por parte de judiciales en los separos de la PGJ, que se tendrían que seguir de oficio.

"Hay un silencio ante la violación de los derechos ciudadanos, cómo olvidar a Lydia Cacho que es el más célebre caso de omisión; nunca elaboró recomendación por la golpiza que la policía del estado propinó a mujeres en Atempan; se dilapidó recursos públicos financiando a organismos patito que no trabajan por los derechos humanos (como "El Carnero Feliz") y despreció a los que defienden a la diversidad sexual, como Demysex y Vida Plena", acusaron organizaciones.

El más reciente caso atendido por Fernando Cuellar corresponde a su expediente levantado por las denuncia del día 19 de junio del año en curso, cuando las señoras María Luisa Cañadero Gómez y Josefina Lorenzo Santos, de Huitzilan de Serdán, se encontraban en la ciudad de Chignahuapan, vendiendo artesanías que ellas elaboran, en compañía de sus pequeños María Antonia Santos Gómez de 13 años, José Santos Gómez de 8 y Teresa Gómez de 6 años.

Por denuncia del Canal 21 Huachinango, personal del DIF Municipal trasladó a los menores que deambulaban cerda de donde se encontraban sus familias y fueron llevados a la Presidencia Municipal de Chignahuapan.

El presidente Municipal Luis Ángel Carrasco Gasca de Chignahuapan ordena remitir a los niños y sus madres al Ministerio Público de la localidad, en donde se abre la averiguación previa 357/2008/Chignahuapan, argumentando que existe corrupción de menores ya que encontraron a los niños pidiendo dinero en las calles, quedando detenidas las mamás y los menores enviados al DIF de la ciudad de Puebla, los cuales hasta el momento continúan ahí, a pesar de que las madres quedaron en libertad, por falta de pruebas en su contra.

Las señoras han recurrido al DIF para solicitar que les devuelvan a sus hijos, pero el titular de la institución requiere  únicamente de un oficio del Ministerio Público de Chignahuapan en el que deslinde de acción legal a las madres, el Ministerio Público argumenta que no puede extender este documento puesto que está abierta una investigación en contra de éstas personas indígenas.

"El Ministerio Público dijo a las señoras que no hicieran escándalo, porque por ser delincuentes no tenían derechos" esto consta en el informe levantado por Cuellar quien argumenta:

Es un caso típico y lleno de irregularidades procesales, "las mujeres no hablan español y no fueron asistidas para su declaración, tampoco los pequeños" dijo.