Urge ONU a gobierno de Guatemala poner fin al uso de militares

Ginebra, 20 Mar (Notimex).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a Guatemala a establecer una fecha límite para el uso de fuerzas militares en el cumplimiento de la ley y a tomar medidas para fortalecer el sistema policial.

En un informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay instó al gobierno guatemalteco "a presentar un cronograma que claramente establezca una fecha límite para el uso de las fuerzas militares en el cumplimiento de la ley".

Además que contenga medidas concretas para fortalecer la fuerza policial de modo acelerado, así como el incremento tanto de sus integrantes como de su presupuesto".

En las recomendaciones de su informe realizado luego de su visita al país en marzo del año pasado, Pillay hace un llamado al gobierno "a tomar las medidas necesarias para asegurar el efectivo control y registro de empresas de seguridad privadas para revertir la tendencia existente de la privatización de la seguridad pública".

Según el informe, hubo un aumento notable de presencia militar en el país a través del establecimiento de dos brigadas: una en el departamento de Petén y otra en la periferia de la ciudad de Guatemala.

Además, se anunció la creación de dos brigadas adicionales para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Asimismo, la presencia militar aumentó en algunas zonas de la capital, a través de retenes militares, y se mantuvieron los patrullajes combinados de la policía y el ejército.

La Alta Comisionada reitera que "la utilización del ejército en tareas de seguridad ciudadana debe darse solamente en circunstancias excepcionales, ser limitada en el tiempo y estar bajo la exclusiva supervisión y control civiles, tal como fue reconocido por el mismo gobierno".

Los acontecimientos de Totonicapán, recordó Pillay, "ilustran el riesgo que implica tal utilización".

La Alta Comisionada reconoce los esfuerzos posteriores de las autoridades para regular la intervención militar observando que la regulación aún necesita definir con claridad la participación del ejército.

De igual forma, pide a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a adoptar una reforma integral al marco legal de la carrera profesional del Organismo Judicial, incluyendo reformas a la Ley del Organismo Judicial, "con el objetivo de garantizar la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales".

La Alta Comisionada exhortó al Congreso a aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público relativa a la carrera profesional, e hizo un llamado al Ministerio Público a fortalecer el proceso de evaluación del desempeño a través de la inclusión de una evaluación cualitativa, mientras este proceso se completa.

Por otra parte, recomendó al gobierno y al Congreso a promover las reformas legales necesarias para restablecer la capacidad del Ministerio de Trabajo de imponer sanciones en casos de violaciones a los derechos laborales y llamó al Congreso a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011.

La Alta Comisionada también urgió al gobierno a fortalecer los mecanismos e instituciones encargadas de resolver conflictos sociales incorporando un enfoque de derechos humanos.

Ello, con el fin de que se puedan abordar las causas estructurales de estos conflictos y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

El informe exhorta al gobierno "a revertir los patrones de discriminación y exclusión que afectan a los pueblos indígenas, implementando un plan nacional de acción sobre la lucha contra la discriminación y el racismo, con la plena participación de los pueblos indígenas".

Además pide a las empresas cumplir con su responsabilidad respecto a los derechos de los pueblos indígenas y a evaluar posibles impactos negativos de sus actividades en sus derechos.

Asimismo, anima al procurador de los derechos humanos a continuar con sus esfuerzos para fortalecer la presencia de su institución a nivel nacional.

Así como un actor clave en la reducción de la conflictividad social y contribuir al cumplimiento de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.

En este sentido, recomienda al gobierno a reconocer públicamente y expresar su apoyo al trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos.

El informe alienta al Ministerio Público y al Organismo Judicial a continuar con los esfuerzos en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, y perseguir a los autores de tales hechos, incluyendo la cadena de mando, y resalta la importancia de que la interpretación de la legislación nacional "debe ser consistente con el principio de inadmisibilidad de amnistías en casos de violaciones serias a los derechos humanos".

Finalmente, ACNUDH acogió la voluntad del Estado de realizar una revisión intermedia a la implementación de las recomendaciones del examen periódico universal, subrayando que en este proceso se pueda garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.