Organizaciones salvadoreñas piden ser parte querellante en caso Flores

San Salvador, 25 Julio 14 (Notimex).- Organizaciones sociales de El Salvador solicitaron hoy al Juzgado Primero de Instrucción de esta capital ser parte querellante en el proceso contra el expresidente Francisco Flores, acusado de apropiarse de millonarios donativos.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentaron la demanda ante el tribunal y esperan ser aceptadas por el juez Levis Orellana, para aportar pruebas a fin de que Flores responda por los delitos de que se le acusa.

La abogada de la Fespad, Berta de León, explicó a periodistas que las organizaciones quieren aportar pruebas en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito, por los cuales se acusa al exmandatario (1989-2004), y manifestó la posibilidad de que se le imputen otros delitos.

“Eso es lo que pretendemos, tener facultades como la Fiscalía de proponer pruebas”, indicó la abogada.

Anticipó que, de ser aceptadas como querellantes, las organizaciones pedirán más testigos y documentos, “porque pensamos que se ha quedado corta hasta donde está la investigación”.

El juez Orellana había declarado “reserva total en el caso” contra Flores, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la levantó, tras la demanda que interpusieron las organizaciones sociales.

Flores, quien se encuentra prófugo, es acusado por la Fiscalía de haberse apropiado de 15.3 millones de dólares en donativos de Taiwán, aunque una investigación de la Asamblea Legislativa señala que la cifra podría ascender a 80 millones de dólares.

El caso salió a la luz luego que el entonces presidente Mauricio Funes reveló un reporte de operaciones sospechosas de Estados Unidos, que vinculan a Flores con lavado de dinero por 10 millones de dólares de un donativo que otorgó Taiwán a este país.

La comisión especial legislativa todavía investiga la desaparición de los millonarios donativos, que el mismo ex jefe de Estado admitió que nunca documentó en las arcas públicas.