Avalan reformas a Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad

México, 24 Abr. (Notimex).- A fin de garantizar certeza jurídica y efectiva impartición de justicia a personas con discapacidad auditiva o de locución involucradas en un proceso judicial, como partes o víctimas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con ello se establece que las instituciones de administración e impartición de justicia deberán desarrollar el Glosario Jurídico de la “Lengua de Señas mexicana” con apoyo de intérpretes expertos y supervisión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, fue aprobado por 389 votos a favor, con lo cual se adiciona un segundo párrafo al Artículo 29 de esta ley, se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al Artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Además, se contempla que en procesos legales en los que las personas tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les proporcione el apoyo de un intérprete en “lenguaje de señas mexicano”.

El texto resalta que el apoyo de un intérprete en lenguaje de señas mexicano, permitirá regular los mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar los derechos de las personas con alguna discapacidad auditiva o de locución.

En las consideraciones del documento se destaca que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2004, “más de 275 millones de personas en el mundo padecen defectos de audición, entre moderados y profundos; 80 por ciento de ellos vivía en países de ingresos bajos y medianos”.

“En el caso de los sordos, cuya herramienta de comunicación es la lengua de señas mexicana, encontramos que palabras o términos jurídicos no tienen un signo distintivo incorporados dentro de este instrumento”, se indica.

Al respecto, se asegura que “carecer de símbolos claros en la lengua de señas mexicana para los términos jurídicos, genera una enorme dificultad de comprensión para este grupo vulnerable, así como limitación al acceso a la justicia”.

Recuerda que, en agosto de 2012, “el Conadis consideró necesario desarrollar un glosario de los términos comunes sobre discapacidad, que sirva para unificar el lenguaje que sobre este tema existe en el país; así como para sensibilizar y capacitar a funcionarios de todos los niveles de gobierno”.

Al fijar la postura de Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena, dijo que esta reforma es de gran importancia para romper con las barreras que excluyen y limitan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, particularmente de quienes tienen alguna limitación auditiva y visual.

Por el PRI, el legislador Francisco Javier Fernández Clamont, señaló que el dictamen aprobado por el pleno tiene como objetivo primordial la creación de un glosario jurídico para las personas con sordera o discapacidad auditiva, para que forme parte del lenguaje de señas mexicano.

Del PAN, Patricia Lugo dijo que para garantizar el acceso a la justicia, no solo se debe proporcionar una asistencia judicial que permita la seguridad jurídica mediante un debido proceso, sino también se requiere de una adecuada atención formativa e informativa que permite a las personas adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.

Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde, consideró que si el Estado no procura los medios de expresión adecuados para quienes padezcan alguna discapacidad, se contraria el texto máximo del Orden Jurídico en el aspecto adjetivo, cuando uno de los pilares del régimen constitucional contemporáneo son los derechos humanos.