Negligencia de PGJ Querétaro, acusa DDH en caso de niña violada

Querétaro, 26 Junio 14.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) así como las autoridades del municipio de Pedro Escobedo, se hicieron acreedoras a una recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDH) luego de que cometieran una serie de irregularidades ante la denuncia de una menor de 12 años que fue violada en dos ocasiones.

En conferencia de prensa, el ombudsman queretano Miguel Nava Alvarado, explicó que esta recomendación con el número DDH/0127/2014/AD derivó de una queja interpuesta el 18 de enero pasado, cuando la madre de la menor afectada acudió a la Defensoría en busca de ayuda refiriendo que su hija había sido víctima de violación.

Primero por un hombre de 24 años de edad, en abril del 2012, de donde salió embarazada y por lo que ahora es madre de un niño de un año y tres meses de edad; luego, en agosto del 2012 nuevamente fue víctima de violación, esta vez por un sujeto de 37 años de edad, identificado como hermano del entonces subdelegado de la comunidad de La Lira.

“Fue a casi un año de la violación que la PGJ solicitó a la agencia de Pedro Escobedo continuar con las actuaciones, dirigiendo un apercibimiento a la menor, lo cual constituye una amenaza legalizada, ya que de no asistir la multarían o la presentarían con el auxilio de la fuerza pública”, relató Nava Alvarado.

En esta segunda ocasión pese a haber sido plenamente identificado su agresor, no se le giró orden de aprehensión en el Ministerio Público de Pedro Escobedo y por el contrario se acusó a la madre de la víctima por el delito de omisión de cuidados.

Luego se citó a la menor para atestiguar en contra de ella, las separaron, y en la actualidad tanto la menor que ahora tiene 14 años de edad como su bebé, están en un albergue de San Luis Potosí por orden del DIF municipal de Pedro Escobedo.

Nava Alvarado expresó que “es muy grave que hasta hoy el agresor sexual no ha sido localizado, lo que representa un peligro latente para la menor, su familia y la sociedad”, expresó.

En el documento que se ha girado ya a las instancias citadas se pide sancionar de manera administrativa al perito, agentes del ministerio público así como a los funcionarios municipales y policías que pudieran ser responsables por omisión o irregularidades en este caso, así como iniciar el proceso de reparación del daño material e inmaterial causado a la menor, se instruya a la detención del agresor sexual.

Asimismo se rindió un informe especial dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por violaciones a los derechos humanos de manera administrativa por parte de dos jueces involucrados en este caso de estupro que sigue impune.