Lucha constante en Campeche contra discriminación indígena

Campeche, 21 Mar. (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche indicó que hay una lucha permanente contra la discriminación, sobre todo en las comunidades indígenas, aunque los dirigentes de esas localidades sostienen que aún sufren de desprecio.

La presidenta de la comisión, Ana Patricia Lara Guerrero, señaló que la discriminación se sufre de diversas formas, desde el acceso de los servicios hasta la marginación en los derechos, en especial de los indígenas.

Es una tarea permanente el buscar revertir esas actitudes mediante la sensibilización, y aunque no ofreció una cifra exacta de ese número de casos, añadió que no significa que no exista discriminación, misma que van a la par con la marginación, dijo.

El presidente del Supremo Consejo Maya en Campeche, Marcelino Chan Euán, apuntó que la población indígena está en el abandono, la marginación y la discriminación.

"Las autoridades no están dispuestas a dejar atrás este tipo de desprecio, especialmente en materia de servicios y apoyos", lamentó.

Campeche tiene una población indígena de 91 mil habitantes y los municipios donde se localizan son calificados de elevada y muy elevada marginación.

Según el representante de esa organización en la región maya, "el problema se ha expuesto en decenas de ocasiones a varias autoridades, mismas que se muestran receptivas y aceptan los escritos".

Sin embargo, continuó, "(la respuesta) sólo se ha convertido en un engaño permanente que representa el otro lado de la moneda de los gobiernos y entidades en pleno proceso de desarrollo".

"Los pueblos indígenas se convierten en un tema del cual no se desea hablar por todo lo que representa, situación que deja a México y a sus autoridades con una deuda pendiente, pues las etnias se han visto en la necesidad de vivir procesos electorales donde las afectaciones son más frecuentes que los beneficios", anotó.

Acusó a los partidos políticos y sus candidatos de utilizar a los indígenas en cada proceso electoral, pues les prometen una vida mejor, que serán testigos de buenas acciones, pero como gobiernos se olvidan de visitar las comunidades indígenas.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la LX Legislatura del Congreso del estado, Marcos Alberto Pinzón Charles, afirmó que el estado avanza en materia de erradicación de la discriminación.

Prueba de ello, abundó, es la reciente aprobación de la ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el estado.

En esa Ley se establece que las autoridades del gobierno estatal, en colaboración con los demás entes públicos y los municipios, procurarán garantizar que toda persona goce, sin discriminación, de todos los derechos y libertades consagrados en las constituciones políticas del país y del estado.

Según la ley, se consideran conductas discriminatorias "las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada".

También, "la distinción establecida por las instituciones públicas del Estado encargadas de la seguridad social entre sus asegurados y la población en general; en el ámbito educativo del Estado, los requisitos académicos de evaluación y los límites por razón de edad".

Además, el trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfermedad respecto de otra sana y, en general, las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas, ni de atentar contra los derechos específicos y la dignidad humana.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, los municipios y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación serán las autoridades encargadas de imponer sanciones a las conductas discriminatorias, así como para la adopción de medidas administrativas con motivo de esos actos.

La comisión conocerá de quejas y denuncias y, en su caso, dictará las medidas a que alude su propia Ley, tratándose de los servidores públicos o autoridades estatales o municipales que discriminen.

En las sanciones administrativas aplicables para los casos de incumplimiento se aplicará una multa de 150 a 500 veces el salario mínimo vigente en la entidad y en caso de reincidencia se duplica el monto.