Interpone Presidencia controversias ante SCJN por reforma educativa

México, 15 Abr. (Notimex).- El Gobierno de la República promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro recursos por omisiones y faltas relativas a la reforma constitucional en materia educativa por igual número de estados.

En rueda de prensa, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, dio a conocer que se promovieron controversias constitucionales contra los poderes ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.

Acompañado por Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, detalló en el caso del estado de Oaxaca el recurso jurídico es por la omisión total de lo dispuesto en la Constitución en materia educativa.

En tanto, en los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora se promovió porque diversos artículos de las legislaciones locales en la materia no armonizan con lo dispuesto en la carta magna.

Sobre el recurso contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, el funcionario abundó que “se basa en la omisión total de cumplir con el mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, de armonizar su legislación dentro de los seis meses a partir de la publicación de dicha ley general”.

Respecto a las otras entidades detalló que se impugnaron ocho artículos en el caso de Chiapas, cuatro en el de Michoacán y 27 en el de Sonora por invadir la esfera de competencia federal o modificar los contenidos establecidos en las leyes generales en la materia.

Entre las diversas irregularidades se encuentra que los congresos locales regularon sobre el tema de alimentos y bebidas, lo que corresponde a la Federación, y por no vincular los programas de gestión escolar a los lineamientos del orden federal.

También por admitir la participación sindical en programas de capacitación reservados exclusivamente a las autoridades, además de permitir la readscripción del personal docente en funciones educativas aun y cuando no acrediten las evaluaciones respectivas.

En esos estados los congresos estatales regularon el proceso de evaluación educativa a pesar de ser competencia exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), explicó Castillejos Cervantes.

A su vez, detalló, en Michoacán se otorgó preeminencia a la legislación local sobre la ley general, al decir que ésta es sólo supletoria cuando de acuerdo con criterios de la SCJN corresponde a la ley general definir los criterios contenidos y los alcances de la ley local, por ser materia concurrente.

De igual forma al otorgar al Estado la definición de estándares e indicadores para la evaluación media superior, a pesar de que es facultad exclusiva del citado instituto.

Refirió que en Sonora el servicio profesional docente establece como marco normativo todo lo consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, convenios, minutas o acuerdos anteriores o posteriores a la reforma educativa, “con lo que se desconoce el espíritu y la letra”, de la misma.

También se impugnó la legislación local por permitir la separación del servicio docente con goce de sueldo, modificar los parámetros de ingreso y promoción al servicio profesional docente y reconocer un escalafón, aún y cuando la reforma educativa prevé la promoción por medio de las evaluaciones.

Además, por autorizar la intervención de los sindicatos en el proceso de evaluación educativa contra las disposiciones constitucionales y leyes generales, además de que impide que el personal docente de nuevo ingreso sea separado del servicio profesional todavía en el caso de no aprobar las evaluaciones educativas.

Castillejos Cervantes agregó que en caso de que la Suprema Corte considere que son fundadas las controversias, el legislativo de Oaxaca deberá emitir la legislación respectiva, mientras que los otros tres estados deberán adecuar las normas a la Constitución.

En su oportunidad Eduardo Sánchez enfatizó que respecto al cumplimiento a lo previsto en la norma suprema no hay posibilidad de que alguna autoridad pueda negociar lo que la Constitución establece.

Asimismo, informó que se valorarán los casos de otros estados para determinar si se promueven más recursos de ese tipo.