Actitud “discriminatoria” de Senado para no avalar Convenio 189

Cimacnoticias | México, 25 Julio 14.- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado incurre en actitudes discriminatorias al considerar que la condición social de las trabajadoras del hogar (que sean indígenas, migrantes o no sepan leer y escribir), es un “obstáculo” para que México ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da garantías laborales a 2 millones de mujeres dedicadas a este empleo.

Durante el seminario “La satisfacción de los Derechos Humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad” –al que el senador Miguel Barbosa (PRD) acudió sólo para dar la bienvenida y luego se retiró–, José Antonio Valdivia Peña, asesor de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que instancias de la Cámara alta (como las comisiones de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Relaciones Exteriores, además de la de Igualdad), que se han reunido para discutir el Convenio 189, coinciden en que hay “muchas complicaciones” para su ratificación, con la que se comprometió México hace tres años.

El asesor precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió a las comisiones del Senado que no ratificará el Convenio 189 si antes no se realizan reformas legales en materia laboral y de seguridad social.

Y es que el Convenio actualmente está en revisión del Ejecutivo federal, el cual tras aprobarlo debe enviarlo al Senado para su ratificación. Luego de este trámite, el acuerdo internacional (con las modificaciones legislativas que conlleve) entrará en vigor un año después. El Convenio 189 de la OIT fue aprobado por los países miembros (entre ellos México) el 16 de junio de 2011.

CASCADA DE PRETEXTOS
Valdivia Peña insistió en que entre las “complicaciones” que tiene México para garantizar sus derechos laborales a las trabajadoras del hogar es que “las personas deben tener números para todo y en algunos casos no cuentan ni con acta de nacimiento”.

También indicó, sin dar más información, que si no se homologan las leyes con todo lo que señala el Convenio 189 se estaría incurriendo en una “falta penal”.

Además, abundó el asesor de la Comisión para la Igualdad de Género, no se han desarrollado protocolos para inspeccionar que los empleadores garanticen derechos a las trabajadoras, a lo que se suma que para cumplir con la obligación de registrar a estas mujeres como empleadas, ellas se enfrentarían a que “no saben leer y escribir”.

José Antonio Valdivia también señaló que otro “obstáculo” es que “no se sabe” cómo erradicar el trabajo infantil en el trabajo del hogar, ni tampoco si se reconocerá el derecho a la organización sindical.

Asimismo, explicó que en materia de impuestos la situación se complicaría si una trabajadora se emplea en cinco lugares diferentes, y la obtención de un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) podría tardarse más “si ellas no hablan español”.

Agregó que se tiene que evaluar el tema del salario en cuanto a un monto mínimo y el pago en especie con alimentos u otros bienes. De igual forma, acotó el asesor, habría que analizarse la vía por la que las trabajadoras adquirirán un contrato, ya que la mayoría de ellas llega por “recomendación”.

INDIGNACIÓN DE EXPERTAS
En respuesta, la académica Mary Goldsmith, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y estudiosa del tema, reviró molesta que esos argumentos fueron los mismos que presentaron los detractores del Convenio 189 en 2010 y 2011, durante las conferencias de la OIT, pero que fueron superados tras escuchar directamente a las trabajadoras.

Precisó que son menos del 10 por ciento las empleadas que no saben leer ni escribir y que la mayoría de ellas son bilingües, por lo que hay que legislar con información de la realidad y “no con las creencias propias”.

Goldsmith aclaró que si se tratara de hombres, de universitarios y de otra clase social, seguro la discusión sería muy diferente, y agregó que en los países donde hay avances en la materia es porque las y los legisladores consideraron que esos argumentos son “sexistas y discriminatorios”.

Abundó que Valdivia Peña no habló como un representante del Senado que debe garantizar los derechos de las personas por encima de cualquier obstáculo, pero sí se asumió como un empleador que “no querrá otorgar derechos”.

Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y representante de la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar en México, dijo que esos argumentos son pretextos para no ratificar el Convenio 189 y que el otorgamiento de sus derechos no puede ser “contraproducente”, como afirmó José Antonio Valdivia.

Igualmente, criticó que las trabajadoras fueron excluidas de las discusiones en el Senado sobre la ratificación del Convenio y que no fueron consultadas sobre sus necesidades.

Bautista añadió que mientras se está pensando qué herramientas se van a usar para erradicar el trabajo infantil, éste ya existe e impacta en el desarrollo de las niñas que, además, lo realizan sin garantías laborales.

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), también rechazó los argumentos de Valdivia y señaló que no debe existir ningún obstáculo para dar a todas y todos los trabajadores los mismos derechos.

Dijo que la Ley Federal del Trabajo (LFT) ya obliga a la celebración de un contrato y al respeto de tiempos de descanso para estas empleadas, por lo que el Senado deberá difundir esa información entre los empleadores y no poner “obstáculos”.

Rebeca Ramos, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), criticó que todos los derechos laborales que sí están reconocidos para el resto de las y los trabajadores no lo sean para las empleadas del hogar.

Explicó que en el caso de las indígenas, el artículo segundo de la Constitución establece que el lenguaje no debe ser un impedimento para cumplir con sus derechos. Enfatizó que si el problema es el costo que implicaría para el país que estas trabajadoras gocen de seguridad social, por qué no se muestra la misma reticencia en el otorgamiento de recursos electorales a los partidos.

En breve entrevista al finalizar el seminario, Mary Goldsmith y Marcelina Bautista manifestaron su indignación por la actitud que mostró el asesor legislativo, misma que –consideraron– sólo refleja que las autoridades, por “discriminación”, no quieren ratificar el Convenio que beneficiaría a más de 2 millones de trabajadoras.

En su defensa, José Antonio Valdivia refirió que existen programas como el de “Gratuidad” del Gobierno del Distrito Federal, para que las trabajadoras tengan atención en salud, lo que también fue criticado por las ponentes al señalar que no son operantes ni obligatorios, y que sólo acceden a ellos el mínimo de las empleadas del hogar, además de que son prestaciones que benefician más a los empleadores que a las trabajadoras.

RIESGOS DE NO RATIFICAR
Mientras la ratificación del Convenio 189 está empantanada –indicó Goldsmith–, en México miles de trabajadoras del hogar que presentan embarazos carecen de un sistema de protección para la maternidad.

La abogada Rebeca Ramos recordó que las empleadas del hogar no cuentan con protección social que pueda garantizar servicios de salud para los cuidados prenatales y los posteriores al parto, tales como licencias de maternidad y acceso a estancias infantiles.

Además, dijo, la LFT tiene “vacíos muy graves” para garantizar algún tipo de protección a estas trabajadoras. Por ejemplo, la ley señala cierto número de descansos obligatorios al día, pero al final permite jornadas laborales hasta de 12 horas.

Por otro lado, las trabajadoras del hogar migrantes tampoco cuentan con mecanismos que las protejan de la explotación, ya que los permisos para laborar no incluyen inspecciones laborales ni obligan a los empleadores a garantizarles cuidados de salud y vivienda digna.

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa