Plantean fortalecer al ejido y las comunidades agrarias del país

México, 27 Ago (Notimex).- Funcionarios, académicos y campesinos se pronunciaron por modificar la política pública, el presupuesto y las reglas de operación del Procampo, para fortalecer al ejido y las comunidades y consolidar la modernización agraria del país.

En el tercer encuentro con académicos y organizaciones agrarias para la implementación de la reforma al campo, organizado por la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, los productores destacaron la necesidad de hacer una cruzada de extensionismo.

Ello, explicaron, con el objetivo de vincular la siembra de alimentos con la protección al medio ambiente y mejorar la comercialización de la producción.

“Hemos insistido en la necesidad de modificar la política pública, el presupuesto y las reglas de operación y esa es la propuesta central que en las organizaciones hemos enarbolado”, planteó el presidente de la Unión Campesina Democrática, José Durán.

Resaltó que el sector de la pequeña y mediana producción social es el de mayor potencial, porque tiene la tierra suficiente, los recursos disponibles en las comunidades y la experiencia para hacer producir la tierra.

Es necesario designar un presupuesto especial concurrente para que la economía campesina pueda disponer de al menos 40 mil millones de pesos, mediante una reingeniería de la Secretaría de Agricultura, para construir la Subsecretaría de la Economía Campesina, propuso.

Lo anterior, explicó, a fin de que puedan generarse programas distintos, sobre la base de un rediseño del Procampo.

Eje central de este programa debe ser la disminución de la superficie beneficiaria de este programa, entre 10 y 20 hectáreas por productor, lo que permitiría llegar a 85-90 por ciento de los productores, de los casi cinco millones de unidades familiares.

Instó a diseñar reglas de operación que “no nos lleven a competir con los grandes ricos y, entonces, estemos en la desventaja de no contar con el capital para poder complementar los proyectos y acceder al financiamiento vía subsidio-capital del riesgo de la secretaría”.

Otro aspecto central de la propuesta, dijo, es la regulación de las competencias del mercado para que los consumidores tengan precios accesibles.

También propuso generar una nueva empresa que las ordene para eliminar a los intermediarios en el proceso de comercialización, la especulación y el manejo faccioso de los precios que llegan al público final.

Durán Vera comentó que el nuevo esquema de financiamiento para el campo, recién anunciado por el Gobierno Federal, mediante una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, logrará atender a más de 80 por ciento de los productores sociales agrícolas.

En tanto, el presidente de la Asociación de Productores Pecuarios, Juan Arizmendi Hernández, opinó que la situación del mercado mundial de la leche redundará en problemas para la producción nacional.

“Existen riesgos de conflicto social, ya que los lecheros se ven amenazados”, consideró e indicó que el precio de la leche descremada en polvo a nivel mundial ha disminuido casi 40 por ciento.

Al cierre de 2013, este producto valía cuatro mil 500 dólares por tonelada, mientras en la actualidad tiene un precio de dos mil 850 “y se desconoce el piso y fecha en que se detendrá la baja”, alertó.

Esto impacta al sector primario del país, pues la industria, al encontrar leche más barata, busca importarla, desplazando la leche nacional, lo que resultará en una caída del precio, en detrimento de los productores, expuso.

Por ello, urgió implementar una política de Estado que permita la sobrevivencia de los lecheros a corto plazo y que se establezcan mecanismos para su desarrollo y autosuficiencia.

Por su parte el coordinador de asesores de la Procuraduría Agraria (PA), Francisco Javier Cañada Melesio, sostuvo que la procuración de justicia agraria debe mantenerse y fortalecerse, para “garantizar la paz social en el campo y evitar que los conflictos agrarios escalen a otros niveles”.

El funcionario federal se pronunció por fortalecer al ejido y las comunidades para consolidar la modernización agraria en México.

Las tareas de conciliación, mediación, arbitraje y la representación legal realizada han arrojado la solución de 22 mil asuntos agrarios anuales, a través de convenios conciliatorios, ratificados ante las autoridades ejidales y comunitarias, destacó.

En materia de regularización de la tenencia de la tierra, refirió, ha avanzado en 95 por ciento de los ejidos y comunidades, los cuales tienen documentos que acreditan la posesión legítima.

Faltan alrededor de dos mil 500 ejidos y comunidades por regularizar, dijo, pero estimó que “en lo que resta del sexenio se logrará concluir este proceso”, ya que cada año se entregan certificados de propiedad a cerca de 500 poblaciones.

“Debe ser un punto básico para la modernización y transformación del campo, porque son dueños de 68 millones de hectáreas de tierras de uso común como bosques y selvas con gran cantidad de recursos y un gran potencial de desarrollo para generar energías alternativas”, expuso.