México: Persiste trato discriminatorio en los juzgados

¿Dinos, cómo ibas vestida? ¿Por qué acudes a los antros? ¿Te gusta? ¿Dime si estabas celosa y por eso me acusaste? Me hiciste sexo oral, no lo niegues. Estas y otras frases ofensivas, discriminatorias y tortuosas son las que reciben con frecuencia las víctimas de acoso sexual en los juzgados de México.

Se trata de preguntas violatorias de la Constitución y de todos los tratados internacionales. Y eso es lo que están viviendo dos víctimas de acoso, extrabajadoras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que decidieron, valientemente, denunciar al hostigador, su jefe inmediato, protegido por las autoridades de ese organismo y ahora el juez Eduardo Torres Carrillo, lo permite sin alterarse.

Una docena de "testigos" del inculpado, Arturo Zárate Vite, no hablan de los hechos, ni de las conductas de su antiguo jefe, sino de la vida personal de dos mujeres, entre varias hostigadas, que hace un año están luchando por justicia.

Tal vez por esta repetida conducta de los juzgadores y la indiferencia de quienes son responsables de asegurar para las mujeres una vida sin violencia, es que México recibió observaciones demoledoras del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se recordó el pasado 8 de marzo en un foro realizado por la Suprema Corte de Justicia.

La ministra de la corte, Olga Sánchez Cordero, consultada por SEMlac, reconoció que en este país la violencia y discriminación contra la mujer es sistémica, estructural y tolerada; la impunidad prevalece y el Poder Judicial no ha respondido como debiera. "No tenemos siquiera datos estadísticos sobre casos, número de juicios y fallos condenatorios", explicó.

En el asunto, que ahora está en el juzgado primero de la Federación que trata la acusación contra Zárate Vite, una decena de testigos de éste solamente hablaron de la vida privada de las víctimas y no aportaron, hasta ahora, ningún dato preocupante, refirió el abogado acusador Emiliano Robles Gómez Mont, al término de la primera audiencia de deshago de pruebas, celebrada el miércoles 13 de marzo.

Sánchez Cordero lamentó, a su vez, que no exista una estadística rigurosa sobre los casos de hostigamiento sexual y sostuvo que no puede seguir fallando el sistema de justicia para las mexicanas.
Comentó que al haber aceptación social de la violencia hacia las mujeres, la lógica de los testigos se vuelve contra ellas. Eso, dijo, urge pararlo porque solamente aumenta la desconfianza de las mujeres y muchos hombres hacia el sistema de administración de justicia.

Los hechos
Hace 14 meses dos funcionarias de la CNDH denunciaron ante el órgano interno de esa institución la conducta lasciva y denigrante de Zárate Vite, entonces su jefe, de profesión periodista, que dice es apoyado por "hombres del poder".

Ese órgano tardó ocho meses en entregar a la Procuraduría General de la República su dictamen. No inculpó ni disculpó al acusado y nada más le suspendió su derecho a trabajar en la administración pública por seis meses, luego de despedirlo.

Ello, a pesar de que el primer visitador de la CNDH fue testigo de que Zárate Vite reconoció el delito y repitió ante el juez que admitió su conducta ilegal y de acoso sistemático, situación que para una de ellas se prolongó por más de dos años.

Tras esa acusación, las trabajadoras fueron hostigadas laboralmente, sin descanso, hasta que las obligaron a renunciar.

Las pruebas presentadas por las víctimas fueron vastas: textos, grabaciones, recados telefónicos y otros; sometidas a un examen psicológico se pudo establecer que fueron gravemente afectadas, moral, psicológica y económicamente.

De ahí que la Procuraduría General de la República determinara la existencia de elementos para acreditar los delitos de acoso y abuso sexual por parte de Zarate Vite contra las dos denunciantes; el caso se envió al juzgado primero de proceso penales federales y ahí se le liberó una orden de aprehensión. El hombre estuvo en una cárcel de alta seguridad por algunos días. Fue entonces cuando comenzó el juicio.

Es el juicio el que preocupa, reconoce el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, preparado por el Consejo Nacional contra la Discriminación (CONAPRED), difundido el pasado 8 de marzo, cuando señala que las instituciones penales no actúan en un marco de legalidad, sino a partir de prejuicios y estereotipos que tienen impacto en sus funcionarios.