Plantean cambio en reglas de operación de programas para el campo

12 de Septiembre de 2013
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México, 12 Sep. (Notimex).- Legisladores federales y líderes de agrupaciones campesinas plantearon un cambio en las reglas de operación de los programas de apoyo al campo, al considerar que representan un "vía crucis" y en la práctica no llegan a pequeños y medianos productores.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que si bien el presupuesto para el sector ha crecido de manera significativa no se refleja en las condiciones de los campesinos.

Al inaugurar el Primer Foro Regional con Pequeños y Medianos Productores y Organizaciones Campesinas para Direccionar las Políticas Públicas al Programa Especial Concurrente e Incidir en el Desarrollo Rural Sustentable, precisó que para este año el presupuesto especial concurrente es superior a 300 mil millones de pesos.

Sin embargo, indicó, ello no se refleja en los hechos y en un cambio sustancial de las condiciones en las que producen los campesinos.

Señaló que datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) sugieren que a 20 años de implementarse programas para el sector rural los niveles de vida de la gente del campo no mejoran ya que no más de cinco por ciento tiene condiciones propicias para vivir.

Por ello, aseguró que este año habrá un incremento muy importante para ese sector en los distintos programas, pero si no se revisa a fondo el esquema del entramado institucional y la forma en que se aplican los recursos "no servirá de nada otra vez".

Durante su intervención, sostuvo que existen aproximadamente 170 programas destinados a atender las necesidades y demandas de la población rural, y el nivel de aplicación resulta poco relevante.

Aureoles Conejo enfatizó que "no es posible que al ser un sector tan necesitado, con tantas demandas, se pongan tantas reglas de operación", razón por la cual revisarán esos instrumentos o de otra forma "seguiremos atados a una dinámica, fundamentalmente de burocracia".

A su vez, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente, Mario Rafael Méndez Martínez, subrayó que el campo demanda cambios integrales y urgentes en la distribución de los recursos presupuestales.

"Las reglas de operación que rigen la aplicación de los recursos de los programas federales son un verdadero via crucis para los pequeños productores del país. Actualmente son complejas, excluyentes y, técnicamente, eliminan el acceso a los recursos para los pequeños y medianos productores del país", lamentó.

Comentó que las reglas de operación deben ser el instrumento más eficiente con el cual el Gobierno Federal canalice los recursos para solventar las prioridades del campo.

Sin embargo, indicó, en la práctica no se alcanzan los propósitos para los cuales se diseñaron, no han contribuido a generar los cambios que el desarrollo rural necesita, y no han alcanzado los fines y propósitos establecidos en la carta magna.

El legislador perredista destacó que el desarrollo rural sustentable que el país requiere debe integrar políticas públicas sociales que transciendan los temas propios de la producción.

"Se requieren de políticas públicas que atiendan el desarrollo rural en concordancia y sincronía con el desarrollo industrial, el comercio, la tenencia de la tierra, los asentamientos humanos, la salud, la seguridad social, medio ambiente sustentable, la educación y el combate a la pobreza", mencionó.

Tales elementos, abundó, deben reflejarse adecuadamente en las leyes correspondientes y en la aplicación eficaz de los programas de gobierno.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, José Antonio Rojo García de Alba, señaló que México es el país de América Latina que más invierte en el campo, pero eso "no se transforma en más alimento en la mesa de los ciudadanos ni que los productores tengan más recursos que otros países".

Explicó que se trabaja en la posibilidad de reorientar 67 programas del campo y hacer una compactación de las leyes. La idea, dijo, "es tener una ley general y a un presupuesto multianual que lleve a mejores condiciones a los productores".

Señaló que el presupuesto para el próximo año no viene a la baja, se hará una reingeniería de los programas y habrá reglas nuevas para que el dinero se pueda gastar.

El legislador Pedro Porras Pérez, del PRD, recalcó que es inadmisible que en junio de 2013 de los 37 programas que administra el ramo en 26 se registraron subejercicios, "cuando el campo de lo que más requiere es de recursos, pero muchas veces esos apoyos llegan fuera de tiempo".

En ese contexto, consideró que se debe tener una participación "activa para que en la nueva ley de sustentabilidad rural pueda plantearse una política que realmente apoye a los campesinos", por lo que invitó a participar activamente para tener propuestas en este sentido.

En su turno, el priista José Rubén Escajeda Jiménez consideró que "todos deben hacer lo que les toca para que el presupuesto crezca y que las reglas de operación se flexibilicen y se pongan a la medida de las necesidades del sector".

Manifestó su disposición para que "más que analizar el gasto, hacer que el dinero se gaste y las cosas sucedan".

En tanto, el dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista, Max Agustín Correa, solicitó el respaldo de los diputados para que se firme el pacto rural para la reforma del campo, el cual tiene que reorientar las políticas hacia el sector, así como los programas y presupuestos.

Coincidió en que no sólo es un problema de cantidad del presupuesto, "sino de calidad y de inteligencia de cómo se aplica al campo y a los campesinos, y esto tiene que cambiar".

Subrayó que las reglas de operación deben permitir realmente operar, porque actualmente son "inoperantes, absurdas y ridículas. Y aunque haya voluntad de los servidores públicos están atados de manos por esas reglas para ejercer el presupuesto y así no se va a poder modificar esto".

Finalmente, hizo votos para que las expresiones de los campesinos se expresen en el presupuesto del programa especial concurrente.

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