México, 20 Jul 14 (Notimex).- Las diputadas del PRD, Amalia García Medina, y Verónica Juárez Piña, urgieron a la creación de una ley que garantice la protección de menores migrantes no acompañados.
El propósito, establecen las legisladoras. es crear el marco jurídico adecuado para que la autoridad federal tenga las herramientas necesarias para cumplr con su responsabilidad.
En un comunicado, se informó que Amalia García presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, y Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en San Lázaro, propusieron al Congreso de la Unión la Ley General para su Protección y Asistencia.
Informaron que la Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados, establece el compromiso ineludible de proteger y proporcionar asistencia integral que requieran los menores de 18 años en tránsito por nuestro país, independientemente de su nacionalidad.
En este sentido, la ley representa un cambio de paradigma con relación a la Ley de Migración, a fin de que autoridades federales, estatales y municipales no evadan su responsabilidad de proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados con el pretexto de la inexistencia de un marco jurídico adecuado.
El concepto central de esta propuesta legislativa es el de atender al interés superior de la niñez, el cual se determina en cada caso específico por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas, coordinado por el Sistema DIF que corresponda. Para ello, se marca un procedimiento y tiempos específicos para la determinación de dicho interés.
Se obliga a la coordinación entre todas las instancias intervinientes, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como de las organizaciones sociales, y se establece el papel fundamental del Sistema DIF en las tres instancias de gobierno.
Entre las instancias que se deben coordinar, entre sí y con las organizaciones sociales, se cuentan el DIF, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Relaciones Exteriores, Salud y Educación Pública, entre otras.
Además, se ordena la creación de protocolos de actuación y de toma de decisiones; se determina la forma como se asumirán la custodia, guarda y cuidados por parte de las instancias del DIF y se crea un Sistema Informático para concentrar toda información recabada por las diversas instancias de gobierno sobre cada menor.
Se instruye determinar sin prejuicios el perfil del menor de 18 años y proporcionar atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que hablan otro idioma o lengua distinta al español, o tengan alguna discapacidad que les permita o dificulte comunicarse, como mudez y sordera.
Se faculta al Sistema DIF a apoyarse en las organizaciones sociales a través de instancias como albergues, casas de asistencia, familias y hogares sustitutos -entre otras- debidamente validadas.
En esta iniciativa se incorpora la figura del abogado pro bono para la atención legal del niño, niña o adolescente.
En su argumentación, las legisladoras perredistas destacaron que miles de niñas, niños, adolescentes mexicanos y de otras nacionalidades se ven obligadas a dejar sus hogares para emprender viajes peligrosos en busca de sustento, reunificación familiar o de huir de la violencia intrafamiliar o social.
Debido a ello, su integridad física y sus derechos humanos quedan expuestos a ser violentados y se convierten en víctimas de la delincuencia organizada.