El tema, que algunos medios califican como el más polémico de los últimos años, en que regresó al protagonismo la SCJN, no puede tratarse con banalidad. El asunto es de fondo porque involucra la vida de miles de mujeres cada año.

Se trata  de dos cuestiones básicas:

 

El derecho supremo de las mujeres sobre su cuerpo y la vigencia de un Estado federado liberal donde existe una división histórica entre el Estado y las iglesias.

 

Pero además el aborto clandestino en México ha originado un problema de salud pública de primera importancia. Al menos 17 por ciento de las mexicanas en edad reproductiva se han sometido a un aborto, para evitar una maternidad no deseada.

 

Algunos medios anunciaron el domingo 24 contar con información suficiente para afirmar que la Suprema Corte de Justicia no anulará la reforma mediante la cual se despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en la Ciudad de México.

 

La información de las y los reporteros de al menos 4 diarios da cuenta de que el proyecto que presentó el ministro Salvador Aguirre Anguiano al Tribunal no cuenta con la mayoría de votos que se requiere para declarar inconstitucional la ley.

 

Las 610 páginas de su ponencia, por lo demás, están copiadas de consideraciones morales y una búsqueda inútil de encontrar en el texto de la Constitución de la República la defensa de la vida antes del nacimiento, que no está, que no tiene asidero jurídico.

 

El debate que comenzó este lunes sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República a la legislación de la Ciudad de México es, además, un debate sobre la base fundacional de la República.

 

En el Distrito Federal se despenalizó el aborto en abril del año pasado. Desde entonces, y así se demostró el otro día en el Zócalo, no aumentaron el número de abortos inducidos; se salvaron numerosas vidas; aumentó la prevención del embarazo no deseado, mejoró la vida de muchas mujeres y contrario a todos los pronósticos, el Distrito Federal no se ha convertido en el receptáculo de miles y miles de buscadoras de aborto, porque eso sólo existe en la mente de personas conservadoras y procaces.

 

NECESIDAD JUSRÍDICA

 

Para que la despenalización en el DF  sea declarada inconstitucional se requieren mínimo ocho votos de los 11 ministros que integran la SCJN. De alcanzarlos, la norma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se invalida. Es decir, deja de tener vigencia.

 

Y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se extenderán a todas aquellas normas que dependan de ésta.

 

Los especialistas en derecho informan que se requieren ocho votos para que la norma sea constitucional, sólo que de no alcanzar el número de nominaciones requeridas para cualquier decisión, entonces la norma se desestima y el asunto se archiva.

 

Ello significa que la norma impugnada continúa teniendo vigencia en el Distrito Federal, pero deja una jurisprudencia, a la cual podrían recurrir otras entidades federativas, para iniciar y discurrir sobre debates semejantes.

 

Los indicios de las y los periodistas en los diarios del fin de semana aseguraron que al menos cuatro de los 11 ministros de la Corte no respaldan tres conceptos planteados por Aguirre.

 

Los  ministros que se suman a la inconstitucionalidad podrían ser, además de  Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aunque éste se inclinará hacia donde esté el voto mayoritario.

 

A favor de la constitucionalidad se perfilan Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José Luis Gudiño y Juan Silva Meza.

 

Es una paradoja, si esto es cierto, que quienes definirán la decisión de la SCJN serán Olga Sánchez Cordero, (declarada feminista), Fernando Franco, Armando Valls Hernández y Margarita Luna Ramos, precisamente las dos ministras en la Corte, y a otro ministro a quienes aún no se les puede definir en alguna posición.

 

La suerte está echada. Sólo vale la pena recordar que el debate no es dónde comienza la vida, como lo plantea Aguirre Anguiano, y como los detractores de la norma lo han colocado como centro. Ese no es el debate, el debate está en la libertad y la autonomía de las mujeres, dos valores que todavía no se entienden a pesar de otras normas y en el de la salud pública, un asunto colectivo y preocupante, que no se define por una postura moral.

 

La SCJN no debiera analizar las creencias y las decisiones de consciencia, sino que está obligada a interpretar la Constitucionalidad de las normas. Aguirre Anguiano ha hecho una mala lectura del artículo 4º de la Constitución y de los fundamentos jurídicos esgrimidos por la Asamblea; desconoce lo que sucede en otros países donde no se toca la decisión de consciencia, muy respetable, pero que, en cambio, se vela por la mayoría, con decisiones de Estado.

 

La Constitución Mexicana fue la primera constitución social del mundo; la primera que incluyó los derechos individuales y los derechos sociales. El problema del aborto en México es un excelente ejemplo de cómo esa Constitución que resumió el vigor de nuestra historia fundado en el laicismo, el respeto al derecho ajeno y el tutelaje de las clases populares, tendrá que probarse en los próximos días.

 

Todo ello, independientemente de que en México se entró, hace mucho tiempo, al mundo global y de la modernidad. Por eso la Ciudad de México es puntal desde la época en que se constituyó la nación. Y no son frases vacías. La pertenencia, la historia, la evolución, son parte de la dialéctica de la vida. No podemos detenernos y entregar toda nuestra historia al conservadurismo que hace mucho tiempo vencimos.

 

saralovera@yahoo.com.mx

 

* Periodista mexicana. Cumplirá 40 años de vida profesional en 2008. Es integrante del Consejo Directivo de CIMAC, corresponsal de Semlac en México, integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y todos los lunes forma parte de la Mesa Periodistas del Canal 21, el Canal de la Ciudad de México en TV por Internet.