La organización de tardeadas donde conviven jóvenes de ambos sexos menores de edad con otros de más de 18 años es lo común. No es desconocido para las autoridades delegacionales, de ésta y las anteriores administraciones, cómo ha venido  funcionando el "divain" como se le conoce popularmente.

 

Por lo tanto, la pregunta que surge es ¿si sabían que se vendían bebidas alcohólicas o drogas en las tardeadas, no había una manera legal para verificar este hecho e imponer a los administradores del lugar las sanciones administrativas o penales correspondientes, según hubiese sido el caso? En lugar de esto, lo que se hace es una redada a las y los jóvenes con lujo de violencia extrema que origina una horrenda muerte de 9 jóvenes, incluida una chica de 13 años, además de tres elementos policiales.

 

Hasta ahora no se ha informado a la opinión pública cuántas personas menores de edad asistentes a este antro evidenciaron aliento alcohólico o presencia de alguna droga. Lo que sabemos es que en la autopsia de las personas menores de edad muertas asfixiadas a consecuencia de quedar aprisionadas entre quienes pretendían salir en estampida y los policías de diversas delegaciones y del ámbito local que les bloquearon la salida con toda alevosía, ninguna presentó signos de alcohol o de droga.

 

La causa esgrimida para aplicar este operativo ha quedado rebasada, porque si el operativo fue para encontrar consumo y venta de drogas o venta de alcohol a menores de edad, hoy a más de diez días de esta tragedia la primera conclusión es que esta acción además fue un fracaso; o tenían información incorrecta o el móvil era otro.

 

El argumento en que se fundamentan estos operativos es el mismo de algunos presidentes municipales que han decretado la prohibición de circulación pública en las noches de personas menores de edad dizque para la prevención del delito.

 

Es el mismo de quienes promovieron bajar la edad penal por debajo de los 18 años y lo lograron en 15 estados de la República, cuestión por cierto corregida a partir de la reforma al Artículo 18 constitucional; es el mismo de quienes promueven la revisión de la mochila en las escuelas para la prevención del consumo de drogas como si niñas, niños y adolescentes fuesen tontos; es el mismo que caracteriza a funcionarios que atienden a las mujeres de todas las edades en las instalaciones de procuración de justicia, cuando ellas buscan la protección de la justicia al sufrir violación: terminan siendo señaladas como causantes de la violación.

 

¿Cómo explican las autoridades las formas violentas, de corte fascista, aplicadas a las jovencitas que fueron llevadas a la demarcación de la procuraduría? Estas chicas fueron obligadas por una autoridad a desnudarse, fueron marcadas en su cuerpo con plumón y fotografiadas para quién sabe qué cosa. Esto se llama violencia institucional.

 

Enseguida de la renuncia del Secretario de Seguridad, debe seguir la del Procurador de Justicia por este hecho deleznable. Ambos, omisos, parece que vivían la tragedia en la luna, ni se enteraban de lo que pasaba. Y si estuvieron enterados y no hicieron nada, entonces elementalmente son acreedores a faltas por comisión.  Pero la cuestión es mucho más compleja.

 

El problema fundamental que observamos es que el gobierno capitalino tiene una visión totalmente incorrecta de cómo atender y tratar a las y los jóvenes; hay una ausencia de políticas para la prevención social tanto del consumo de estupefacientes, como la posible comisión de delitos.

 

Estas acciones gubernamentales se fundan en que todos los jóvenes y adolescentes que se reúnen masivamente los mueve un ánimo de desacato o de conjura a las normas y van a delinquir. Entonces hay que apresarlos y reprimirlos a todos por si las dudas.

 

Es el pensamiento de la doctrina de situación irregular en que operan los gobiernos que no reconocen que las y los adolescentes son sujetos de derechos a partir de lo que establece el Artículo 4 constitucional. Se criminaliza a las y los adolescentes y jóvenes por su condición de edad y por su condición social. Es una visión autoritaria, represiva e inconstitucional.

 

La tragedia del "divain"  evidencia que las instituciones de seguridad y de procuración de justicia están muy lejos de acatar las leyes que protegen los derechos humanos de las y los adolescentes. 

 

El Distrito Federal tiene un marco jurídico para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, de justicia para adolescentes infractores, para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Estas leyes promueven y protegen los derechos humanos de quienes sufren discriminación por su condición de género o de edad o por su condición social y económica.

 

Sus preceptos deberían servir de marco para el diseño de las políticas y acciones gubernamentales del gobierno de izquierda de la Ciudad de México. Hoy no puede imperar por parte del gobierno la clásica excusa de que "ahogado el niño, se tapa el pozo". La trascendencia de la tragedia es realmente seria y de connotaciones políticas que alcanzan a los funcionarios de primer nivel.

 

Y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, no puede eludir su responsabilidad frente a lo que ha ocurrido, porque es el encargado de diseñar y conducir  la política en la Ciudad y todo indica que estos operativos corresponden a la concepción que el propio Jefe de Gobierno tiene para la resolución de estos asuntos: esta es la litis.

 

El programa del PRD establece su compromiso con el reconocimiento de los derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud, su derecho al desarrollo social, al ocio, a la recreación y al divertimento, su derecho de reunión, su derecho a la educación, entre otros derechos y más allá de los programas de corte asistencialista y filantrópico.

 

Sin embargo hay una contradicción que debe resolverse porque en el ámbito legislativo, las y los legisladores del PRD promueven leyes a favor de los derechos humanos y haciendo caso omiso de estos avances los gobiernos emanados del PRD actúan de manera tradicional y conservadora, sin asumir en sus programas de gobierno los nuevos paradigmas que se construyen desde las leyes.

 

Por elemental sentido político, las y los propios perredistas deben analizar objetivamente lo que reclama la sociedad en los barrios, colonias y poblados y actuar en congruencia, remontar lo que informan con cierta parcialidad algunos medios de comunicación. Lo acontecido en la Gustavo A. Madero fue un botón de muestra del enorme desafío que está pendiente en la Ciudad de México.